2.- Una simultánea remunicipalización territorial del país, que ordene los espacios sociales y los territorios de
los pueblos indígenas, que reconstituya la estructura del orden municipal, ya sea como municipios monoculturales o
policulturales, dotando a cada municipio de los recursos, las funciones, las nuevas atribuciones y las históricamente
conculcadas, que garanticen la concreción de la autonomía y la autodeterminación.
3.- Un nuevo federalismo que a partir del establecimiento del Estado del Anáhuac, como Estado 33 de la Nación,
reordene las estructuras de poder federal, que se cristalizarían, mediante la construcción de una nueva ciudad
capital federal de México en el centro geográfico del territorio Nacional.
4.- Se defina un proyecto nacional de interculturización de todos los sistemas y niveles educativos, hacia la
construcción de una sociedad verdaderamente multicultural y multilingüe.
5.- Se establezca una ley nacional de urbanización planificada que de coherencia a la ocupación del territorio
nacional y que garantice principios de estabilización del deterioro de los recursos naturales como inicio de
la recuperación.
En el plano coyuntural, en tanto se desarrollan las tareas estructurales, sería necesario y conveniente avanzar
imperiosamente y poner en práctica:
1.- La creación de una institución que procure y garantice el ejercicio y cumplimento de los derechos de los
pueblos indígenas, que subsuma o sustituya a la fallida y simuladora CDI por una Procuraduría de los derechos
de los pueblos indígenas, con capacidad y atribuciones de informar, evaluar, vigilar y sancionar en su caso
el cumplimiento de los derechos, las acciones y el ejercicio de los recursos establecidos en los presupuestos
nacionales, ejercidos por conjunto de las instituciones del Estado mexicano.
2.- La instauración de la Subprocuraduría de los Territorios indígenas, cuya función sea la de garantizar
los derechos territoriales de los pueblos, vigilar, acompañar y legitimar cualquier proyecto que involucre dichos
territorios, garantizando la participación plena y justa en condiciones de asociación equitativa, con respecto a
la planeación y desarrollo del proyecto, al reparto de beneficios y utilidades del mismo, garantizando la propiedad
y potestad de los pueblos sobre su territorio y los proyectos que se realicen en los mismos.
3.- Una reforma jurídico-legislativa que establezca, en monto y procedimientos reglamentarios, un fondo multianual
compensatorio, con carácter de justicia distributiva, que establezca un horizonte real y verificable de avance
hacia la igualación de las condiciones sociales de los pueblos indígenas a la media mexicana, es decir, que se haga
realidad el cumplimiento los derechos establecidos en la Constitución Mexicana.
4.- Establecimiento de un Plan Nacional de Educación Indígena garantizando